Santo Domingo: – El director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables (ODHGV), Manuel Meccariello, pasó balance sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana durante el año 2024. En su análisis, resaltó las principales violaciones registradas, así como los avances alcanzados en la protección y promoción de estos derechos en el país.
Principales violaciones de derechos humanos: Entre las principales preocupaciones reportadas se encuentran:
- Aumento de la violencia de género y feminicidios: A pesar de los esfuerzos institucionales, el país ha experimentado un incremento preocupante en los casos de violencia de género, con mecanismos insuficientes de prevención y protección para las víctimas.
- Condiciones en los centros penitenciarios: Se han denunciado graves violaciones a los derechos humanos en las cárceles, tales como el hacinamiento, la falta de acceso a servicios médicos adecuados y denuncias de maltrato hacia los internos.
- Derechos de las comunidades vulnerables: Persisten violaciones contra grupos como la comunidad LGBTQI+, personas con discapacidad y migrantes, quienes enfrentan discriminación sistemática y limitaciones en el acceso a servicios esenciales.
- Derechos laborales: Se han reportado casos de despidos a personas que viven con VIH tras ser sometidas a pruebas sin su autorización, así como explotación laboral y violaciones a los derechos de los trabajadores, especialmente en los sectores agrícola y de la construcción. Esto refleja la necesidad urgente de fortalecer la supervisión y la aplicación de las leyes laborales.
- Incremento de intercambios de disparos: El aumento de los enfrentamientos reportados por la Policía Nacional en los últimos meses ha generado preocupación en la sociedad dominicana. A esto se suma la creciente cifra de policías que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, lo que subraya la necesidad de implementar estrategias que refuercen la seguridad tanto para los agentes del orden como para la ciudadanía, respetando siempre la dignidad humana.
- Desapariciones alarmantes: Las cifras de personas desaparecidas en el país continúan en aumento, mientras las autoridades no han ofrecido respuestas efectivas ni han implementado estrategias de alerta masiva para enfrentar esta problemática. La falta de un protocolo ágil y coordinado deja a las familias en la incertidumbre, evidenciando la necesidad de acciones inmediatas para prevenir y responder ante estos casos.
- Salud mental desatendida: La salud mental sigue siendo la «cenicienta» de la República Dominicana, con un preocupante aumento de casos y una evidente falta de cobertura por parte de los seguros médicos. Además, la escasez de centros de atención especializados y el alto costo de los medicamentos dificultan el acceso a los tratamientos necesarios, dejando a muchas familias en situaciones críticas sin el apoyo adecuado.
- Deficiencias en centros de salud privados: Las constantes violaciones en centros de salud privados, que se niegan a atender a pacientes en emergencias por no contar con un pago inicial, reflejan una grave falta de ética y humanidad. A esto se suma el preocupante aumento de malas prácticas médicas, lo que agrava la crisis en el sistema de salud y pone en riesgo la vida de quienes buscan atención.
- Falta de políticas para adultos mayores: Las débiles políticas de protección para los adultos mayores han dejado a muchos en situaciones de vulnerabilidad extrema, evidenciándose en el creciente número de ancianos en las calles. A esto se suma el cierre de casas de acogida, agravando aún más la crisis y destacando la urgencia de implementar programas integrales que garanticen su bienestar y dignidad.
- El desorden del tránsito en el país sigue siendo una situación alarmante, que afecta colectivamente a la ciudadanía sin que se ofrezcan respuestas efectivas. En las carreteras que conectan los pueblos, persisten prácticas corruptas, como cobros indebidos por parte de agentes para imponer multas injustificadas, así como extorsión a migrantes haitianos, a quienes se le exige dinero a cambio de liberarlos tras ser detenidos.
Aunque, prosiguió, “no todos los agentes participan en estos actos, los mismos evidencian una grave falta de control y transparencia en las instituciones responsables. No obstante, es importante reconocer que en los últimos dos meses estas prácticas se han reducido considerablemente, gracias a los esfuerzos de las nuevas autoridades migratorias, quienes están trabajando para erradicarlas y han comenzado a separar de sus filas a los agentes involucrados en tales comportamientos”.