Santo Domingo: – Tres diputados dos del PRM y el otro de la FP por la provincia Sánchez Ramírez demandaron esta jueves al presidente Luis Abinader parar los abusos que viene cometiendo la empresa minera Barrick Pueblo Viejo contra campesinos a los que están sacando de sus terrenos a la fuerza.
Katy Díaz y Sadoky Duarte, oficialistas PRM y José Alberto Jiménez, de la Fuerza del Pueblo reaccionaron aireados contra la minera Barrick a la que pidieron mostrar los documentos que los autoriza sacar por la fuerza a los campesinos de la provincia sin que se conozca que al menos les hayan pagado sus predios.
Sadoky pidió al presidente conformar una comisión de alto nivel que investigue quien autorizó el uso de la fuerza a la empresa trasnacional minera, que desde hace tiempo vienen atropellando a los campesinos quienes tienen sus terrenos en las cercanías de la Barrick.
El diputados del Fuerza del Pueblo por la provincia Sánchez Ramírez José Alberto Jiménez, condenó las agresiones realizadas por las autoridades a los comunitarios de Arroyo Vuelta, El Rayo, El Naranjo, Las Tres Bocas, Lajas, Higo y Jagua mocha en la provincia Sánchez Ramírez, por disposición de la empresa Barrick Pueblo Viejo.
El legislador informó que dentro de los comunitarios heridos por los militares están el padre Johnny Duran, a Isidro Coronado, este herido gravemente en un pie, con alta probabilidad de perderlo, además a Alfonso Vásquez Porta Latín, Lauterio Belén; Alfonso María Vásquez; Sirilo Vásquez; Martin Guzmán; América Mendoza; Julia Mendoza; Mercedes Abreu; Concepción Sosa; Pedro Villa Nueva; Mercedes Tapia; Máximo Sosa y Mariana Fabián estos últimos con heridas graves y probabilidad de perder miembros de su cuerpo, además indicó que hay niños en cuidados intensivos que aún no han abierto los ojos.
En rueda de prensa desde la Cámara de Diputados José Alberto Jiménez explicó que el origen de la problemática está en el inicio de los trabajos en el río Naranjo, incrementando la contaminación y además estos quieren desalojar las comunidades sin pagar el precio justo y dejando fuera del censo que se hizo a más de 60 viviendas.