Por Germán Reyes
Santo Domingo: – El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con una comitiva de dirigentes de la Coordinadora Popular Nacional, la Coalición Por una Seguridad social Digna y el Movimiento por las 3 causales, representantes de los movimientos sociales en lucha que reclaman diversas demandas al gobierno.
Abinader, en el encuentro que duro más de dos horas, discutió con la comisión los reclamos de las organizaciones presentados en un Programa Reivindicativo Nacional de 8 puntos, que abarcan los más diversos temas socioeconómicos y político-institucionales.
Según informaron Héctor Turbí y Francisca Peguero, que participaron como parte de las organizaciones, el presidente acogió como buenas y validas “una buena parte” de las demandas y se defendió de las críticas de las organizaciones en temas como alianzas público-privadas, fideicomisos y otros.
Las organizaciones defendieron que el Estado tiene que ser garante de los derechos de la ciudadanía y un instrumento para combatir la desigualdad social, no para aumentarla.
Tanto el presidente como los comisionados estuvieron de acuerdo en mantener canales directos de comunicación y dialogo con las comunidades movilizadas por sus reclamos.
Además de Héctor Turbi y Francisca Peguero de la Coordinador Popular y la Coalición por una Seguridad Social Digna, participaron Yildalina Tatem, del Movimiento de las 3 Causales; y Benjamín Batista Matos, de la Articulación Nacional Campesina (ANC) y la Articulación Nacional por el Derecho Humano al Agua (ANDHA).
En ocho puntos
Los dirigentes de los grupos cívicos entregaron a Abinader un legajo contentivo de sus reclamos, básicamente referido a ocho puntos.
1- Asignar el 5% del PIB al sector salud y eliminar las ARS y AFP. La crisis de la Covid-19 ha demostrado, una vez más, que necesitamos salud y seguridad social universal de pagador único con base en nuestras contribuciones al presupuesto público y los aportes de los / as trabajadores/ as. De la única manera que se podrían evitar discriminaciones, denegación de un derecho básico, muertes prematuras y lograr equidad es excluyendo a los bancos y la actividad lucrativa de los sistemas de salud y seguridad social.
2- Detener en lo inmediato las explotaciones mineras, aprestos de presas de colas y proyectos que afectan el medio ambiente y a comunidades movilizadas en su contra en Caunce, Monte Plata, Las Filipinas-Barahona, Romero-San Juan, Punta Catalina-Bani, Restauración, Bonao, La Vega, San Pedro de Macorís y otras. Nuestro modelo económico no puede basarse en el extractivismo minero, pues el mismo afecta los derechos ambientales de toda la ciudadanía, las fuentes de agua, nuestros ríos y obstruye nuestras posibilidades reales de desarrollo en sectores estratégicos como la agropecuaria, el turismo comunitario – sostenible y la agroindustria como puntales de un desenvolvimiento económico incluyente.
3- Recuperar el dinero robado por actores públicos y privados implicados en los expedientes que ha abierto la procuraduría e incluyendo la investigación de sobrevaluaciones como las de Punta Catalina, los escándalos de todos los gobiernos sin distinción, deteniendo-controlando y auditando el endeudamiento público y los mega contratos. Si los grandes casos de sobrecostos no son investigados, nuestras luchas y grandes movilizaciones por el fin de la impunidad habrían sido en vano.
4- Eliminar salarios y pensiones de lujo, barriles, cofres, exoneraciones y exenciones fiscales irritantes a legisladores y grandes empresas incluyendo los regalos de combustibles y muchas otras. Es insostenible que un Estado endeudado en más de un 70% del PIB, pretenda mantener salarios millonarios y un conjunto de privilegios irritantes que debieron cesar el 16 de agosto del 2020. Si un médico se esfuerza por adquirir un vehículo con ingresos menores a los 100 mil pesos mensuales, no es justo que los contribuyentes tengamos que pagarles exoneraciones a legisladores que reciben remuneraciones por más de tres veces esa cantidad.
5- Impulsar la producción agroalimentaria nacional, apoyando los pequeños y medianos productores y atendiendo los reclamos del movimiento campesino y la agricultura familiar:
Dedicar las tierras estatales a la producción nacional, incluyendo el reclamo de la creación de más de 12 mil empleos en la zona más pobre del país cooperativizando el Ingenio Barahona y concluyendo la Presa de Monte Grande y sus obras complementarias. Asimismo, sanear las tierras del CEA y la Reforma Agraria traspasadas mediante contratos irregulares a empresas privadas. Las organizaciones campesinas del Suroeste por ejemplo, han entregado documentos oficiales al Gabinete Agropecuario, que prueban que el Consorcio Azucarero Central (CAC) paga 7 dólares por tarea por año al CEA y 22 dólares a supuestos parceleros del IAD por las mismas tierras, esto no se investiga y se pretende que los contribuyentes paguemos más de 500 millones de dólares por el Proyecto Monte Grande para que una empresa privada de cuestionados aportes se apodere de la mayoría de las aguas y las tierras.
6- Realizar un aumento general de salarios acorde con el costo de la canasta básica, rebajar costo de los combustibles y los productos básicos, honrar la promesa gubernamental de pensiones para todos los cañeros, cumplir con las deudas y demás reclamos de pequeños transportistas, detener en lo inmediato desalojos urbanos y rurales injustificados, reubicar comunidades afectadas como los encadenados de Cotuí, detener los muros y discriminaciones contra migrantes, diversidades y atendiendo las demandas de obras y servicios en las comunidades del Cibao, el Sur, el Este y el Gran Santo Domingo que no han parado de canalizar sus reclamos. No podemos seguir cargando la crisis a los sectores más vulnerables, mientras que los banqueros dueños de las ARS, AFP y un pequeño grupo de privilegiados sigan acumulando fortunas en medio de las calamidades de la población empobrecida.
7- Cumplir la promesa del partido de gobierno de despenalizar la interrupción del embarazo en las tres causales en el código penal y eliminar los cambios recientes que avalan la discriminación en el mismo proyecto de ley. Este es un tema de salud, de derechos y no es justo seguir sacrificando la vida de nuestras mujeres y niñas.
8- Desechar tratos privilegiados con las elites presentadas como alianzas públicas privadas y asumir un enfoque de derechos y transparencia plena para tratar temas nacionales que afectan a toda la ciudadanía, como los pactos del agua, de la salud, eléctrico, fiscal, vivienda y otros.
Rechazamos las concesiones onerosas de bienes públicos a favor de voraces capitales privados que en la mayoría de los casos no cumplen con los estándares de sostenibilidad ambiental e inclusión social. En el caso del pacto del agua, por ejemplo, tratándose de un recurso crítico para garantizar el derecho al acceso a la ciudadanía en condiciones justas, es completamente improcedente que se dé protagonismo a un conjunto de actores privados lucrativos cuyo único objetivo es la privatización.