Santo Domingo: – El secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas seccional Distrito Nacional, Wilder Páez valoró hoy la emisión del decreto 1-24 del Poder Ejecutivo que regula publicidad del Estado.
Observó-dijo Páez-, que el artículo 7 establece el principio de participación. En este numeral las instituciones contratantes deben procurar la participación de todos los posibles oferentes, para favorecer la equidad y las mejores condiciones
Expresó que si existe equidad con relación a medios de comunicación grandes y emergentes se de la oportunidad a estos últimos de crecer y de paso fortalecer más voces y la democracia dominicana.
Dijo que, en el país hay medios pequeños que muchas veces no logran ni un contrato publicitario en el año, cuando estos están constituidos y listos para honrar sus impuestos.
Criticó que “tú ves influencers que son favorecidos con millones de pesos de publicidad al año y no estudiaron Ciencias de la Comunicación Social. Ellos tienen derecho a comunicar y recibir pagos, pero eso se debe democratizar hacia otros que están sumergidos en el anonimato”, puntualizó.
El secretario general del CDP en el Distrito Nacional refirió como un punto trascendental la prohibición del uso discriminatorio de publicidad oficial con el objetivo de presionar, censurar, coartar o privilegiar, según el caso, a comunicadores sociales o a medios de comunicación social, en razón de su línea informativa o editorial, su orientación ideológica o su posición, criterio o valoración sobre el Estado, el Gobierno o las políticas públicas.
Así como también, la utilización de publicidad oficial como subsidio encubierto para beneficiar, directa o indirectamente, a comunicadores, medios de comunicación social o a cualquier agente que forme parte de la cadena de su asignación o colocación.
El Gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader promulgó este martes el decreto 1-24 que regula la publicidad oficial y establece los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión publicitaria con los medios de comunicación, comunicadores, periodistas e influenciadores digitales.
Con esta medida, el Gobierno busca impulsar la rendición de cuentas, promover la transparencia y divulgar informaciones de interés para la ciudadanía sobre los servicios públicos.