Dajabón:- El sol colgado del horizonte todavía impregna de calor e ilumina la carretera del Noroeste que conecta a Dajabón con Montecristi cuando el equipo de reporteros divisa a tres motociclistas. Muestran las características de los hombres conocidos en las provincias fronterizas como “poteas” que, en sus vehículos con asientos modificados para llevar mayor número de pasajeros, se desplazan a alta velocidad transportando indocumentados. El equipo de prensa decide seguirlos.
Varios metros antes de llegar al puesto de chequeo El Puente, en Montecristi, una de las provincias dominicanas que colinda con Haití por la región norte, los motociclistas se detienen a un extremo de la carretera y bajan a los “pasajeros”: tres mujeres y varios niños que se resguardan entre la maleza y ramas. En sus rostros se ven unos ojos enormes y mandíbulas apretadas. Están petrificados por el miedo.
Uno de los motoristas se adelanta a conversar con los agentes apostados en el puesto de chequeo del Ejército de República Dominicana, mientras los dos restantes esperan su regreso antes de decidirse a seguir su trayecto. Los militares tienen la misión de salvaguardar la frontera para frenar el tráfico de indocumentados y mercancía ilegal, como ajo, arroz, armas y narcóticos.
Los que se ocultan en el matorral son parte del universo de inmigrantes haitianos que se mueven con sigilo por la región fronteriza dominicana con destino a zonas en donde buscan emplearse en la agricultura, el turismo o la construcción. Muchos procuran reunirse con familiares, cientos de embarazadas llegan cada año a dar a luz en hospitales públicos y mujeres y niños cruzan la línea divisoria, incluso para mendigar en los cruces de los semáforos de las avenidas de grandes ciudades. Los que los apoyan se encargan de abrirles paso, convenciendo, a veces con sobornos, a los agentes encargados de la vigilancia de que permitan su desplazamiento.
La escena de este 3 de julio de 2018 muestra, a la luz del sol, una práctica de tráfico ilícito de migrantes que por años ha sido común en las demarcaciones fronterizas dominicanas, encubierta entre la impunidad y complicidad que envuelve muchos de los casos.
Militares, agentes migratorios, algunos fiscales y jueces. Todos juegan en el mismo equipo y hacen que la República Dominicana se mantenga entre los países que no cumple las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas.
La Justicia dominicana tiene un subregistro de expedientes relativos al tráfico de indocumentados y la mayoría de los que se judicializan terminan con decisiones favorables a los acusados. Mientras los militares, llamados a frenar este ilícito, con frecuencia son parte de la práctica ilegal.
El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, admite el involucramiento del personal militar en el tráfico de indocumentados y de mercancías. “Recuerda –dice– que son personas, no equipos, y que cometen errores, a veces adrede y a veces se les pasa por la rapidez”.
Tres motoristas transportan a haitianos por la carretera que conecta a Dajabón con Montecristi. Cuando llegaban al chequeo militar los desmontaron y los pasajeros se escondieron como se ve en la foto principal de esta historia. (Diario Libre/Marvin del Cid)
Los fiscales de varias de las provincias dominicanas limítrofes con Haití también admiten la debilidad e incapacidad para procesar a todos los implicados en las redes de tráfico. Una revisión de expedientes evidencia cómo este delito casi siempre se diluye entre archivos y absoluciones, dejando en la impunidad a quienes se lucran de ese negocio ilegal.
Por más de dos meses Diario Libre gestionó ante funcionarios del Ministerio Público y de los tribunales fronterizos la entrega de expedientes de tráfico de indocumentados. De las fiscalías de Jimaní, Montecristi, Dajabón, Mao, Pedernales y Elías Piña se compilaron 31 expedientes, con fechas que van desde el 2006 hasta este 2018.
Uno de los casos se archivó de “forma provisional” y 13 tuvieron una decisión de “archivo definitivo” por alegada falta de pruebas. Tres terminaron con la absolución de los imputados, pese a que en uno de ellos, el acusado era reincidente en el delito; en dos hubo condenas con penas privativas de libertad. Seis de los procesos están en etapa de juicio de fondo, aunque con declaración de rebeldía de los imputados en la mitad. Los otros seis están en investigación y juicio preliminar.
En el caso del reincidente, se procesa a Franklin Segura Samboy, sometido en junio de 2014 junto a Zaiter Samboy por la fiscalía de la fronteriza provincia Pedernales por transportar a cinco haitianos en un minibús en el que además se encontraron cinco cédulas de identidad y dos permisos de residencia falsos. En marzo de 2015 el Tribunal Colegiado de Barahona declaró a los imputados “no culpables”, tras el retiro de la acusación que hizo el Ministerio Público.
Ya el 5 de enero de 2015, Segura Samboy había sido favorecido con el archivo de otro expediente en su contra que en abril de 2014 presentó la misma fiscalía de Pedernales, que no encontró elementos probatorios suficientes para mantener la acusación por supuestamente traficar en un minibús a siete haitianos con cédulas y pasaportes presumiblemente falsos, algunos sin documentos.
De los dos casos de condena penal, uno se encontró en Dajabón y data de 2006. Se relaciona con 24 haitianos que murieron asfixiados mientras eran traficados desde la frontera en un camión rentado. La tragedia, ocurrida el 10 de enero de ese año, despertó el horror y desató quejas diplomáticas de Haití y organizaciones de derechos humanos.
Por varios días hubo protestas en Haití, tanto en la parte fronteriza de Ouanaminthe como en la capital de ese país, Puerto Príncipe, obligando a ambos países a ordenar el cierre temporal de la frontera. Una de las jornadas de mayor tensión se registró el 12 de enero de ese año, cuando una delegación dominicana cruzó a Ouanaminthe para entregar los cadáveres. Las protestas, que tuvieron como resultado dos personas muertas y cuatro miembros de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) heridos, impidieron la entrega de los fallecidos que terminaron sepultados en una fosa común de un cementerio ubicado en suelo dominicano.
El presidente dominicano de entonces, Leonel Fernández, envió en esa ocasión una carta de solidaridad a su homólogo y presidente interino de Haití, Boniface Alexandre, en la que daba garantías al pueblo haitiano y a la comunidad internacional de que el caso sería investigado a profundidad. Creó una comisión integrada por los titulares de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, el jefe de la Policía Nacional y la Dirección General de Migración, para investigar el suceso.
La fiscalía de Dajabón calificó los hechos de tráfico ilegal y homicidio voluntario y logró una condena de 20 años contra Elvis Rafael Rodríguez Ortiz y Esteban Martínez Rosario, chofer y ayudante del camión, respectivamente. También 10 años de cárcel para los militares Keilin Antonio Minier y Santo Peña de la Rosa, quienes habrían recibido dinero de los traficantes para permitir el paso de los indocumentados.
Aunque el expediente acusatorio incluyó originalmente a ocho imputados, los cuatro restantes, entre ellos la persona que alquiló el camión y el dueño de la vivienda donde se escondieron los indocumentados antes de emprender su trayecto de más de 135 kilómetros desde Dajabón hacia Santiago, fueron absueltos por alegada falta de pruebas.
Luego de ese caso que tuvo circunstancias gravosas, en la fiscalía de Dajabón no se encontró registro de ningún otro, pese a que el procurador fiscal Gabriel Jacobo Morel admite que son “un lugar de partida de migrantes ilegales, tanto de nacionalidad haitiana, cubana, china y de otras nacionalidades que entran por la frontera con Haití”.
Dajabón, también en la región norte de la República Dominicana, se separa del pueblo haitiano Ouanaminthe por el río Masacre que permite el cruce a pie debido a su mermado caudal. La provincia acoge cada lunes y viernes a miles de ciudadanos de ambos países que participan de un mercado binacional que reúne a más de 370 sociedades comerciales registradas en la Cámara de Comercio y Producción de esa ciudad, además de 362 vendedores independientes dominicanos que intercambian productos agropecuarios, materiales de construcción, ropas de primera y segunda mano y bebidas.
“Lo que tenemos con más frecuencia son motoconchistas que se dedican a sacar a los haitianos del ámbito de la provincia para, luego que están fuera de la provincia, transbordarlos a otro tipo de vehículos y llevarlos hacia Santiago, Santo Domingo y otros lugares del país”, dice Morel.
De hecho, el año pasado, Dajabón captó la atención pública, luego de que circularan videos en medios de comunicación mostrando filas de “poteas” con motores cargados de haitianos, presumiblemente indocumentados.
Complicidad militar
Entre Haití y la República Dominicana hay 391 kilómetros de frontera compuestos por tramos marítimos, fluviales y de macizos y llanuras. Estas condiciones y el mal estado de las carreteras la hacen vulnerable y de difícil vigilancia constante. Son cuatro los cruces formales identificados: Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón, pero los informales suman 69, conforme calcula el Ministerio de Defensa.
Desde hace décadas se instalaron puestos de chequeo, militares y migratorios, para controlar la entrada terrestre de extranjeros. El ministro de Defensa informa que esos retenes suman 78 y defiende que en una misma ruta haya hasta 11. “Si una persona se monta en Las Matas de Santa Cruz no le van a ver en Botoncillo, lo podrán ver en Jicomé, entonces, por eso es que deben haber varios chequeos porque hay varias avenidas que no son las principales, sino caminos que conducen a esas autopistas principales”, explica.
Para establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en los puntos de entradas y salidas a lo largo de la frontera, en 2006 se creó el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) como una entidad dependiente del Ministerio de Defensa. El 60 % de su composición se estableció para miembros del Ejército de República Dominicana, 20 % de la Armada y 20 % de la Fuerza Aérea. Así, comenzó a operar en 2007 con 300 integrantes y para junio de 2018 ya sumaban 692.
La responsabilidad del Cesfront es de 40 a 50 kilómetros y el resto es del Ejército. Esta última institución tiene 5,200 hombres vigilando la frontera de los 25,000 soldados que la componen, informa el ministro de Defensa.
El Estado dominicano ha ido incrementando las partidas anuales destinadas en el Presupuesto Nacional para la seguridad fronteriza. En 2006 el monto asignado era de apenas RD$16 millones (unos US$483,000 a la tasa de entonces) y al 2018 lo destinado para el servicio fronterizo iba por RD$301,067,512 (unos US$6 millones). El interés por la seguridad también motivó a que en el presente año se conformaran dos Fuerzas de Tarea Conjuntas e Interagenciales: Jicomé y Los Pilones.
FUENTE: diariolibre