Por Pedro Gago
Problemática general: La llegada de la vacuna del COVID ha generado muchas esperanzas sobre el final de la pandemia, pero también la controversia sobre sus riesgos y su obligatoriedad, sea de forma generalizada o en ámbitos concretos. El debate sobre las vacunas y su exigencia como requisito para acceder a determinados servicios o actividades está llevando a la sociedad dominicana ante el dilema de imponer la obligación de vacunarse o no. Son muchas las dudas que surgen al respecto: ¿Tenemos derecho a rechazar la vacuna? ¿Pueden obligarnos a vacunarnos? Y si el gobierno no obliga, ¿puede exigir una empresa que se vacunen sus empleados? Las escuelas, las universidades, los teatros, las compañías aéreas, un restaurante… ¿pueden exigir estar vacunado para acceder a sus instalaciones? Al día de hoy, la vacuna del COVID no es obligatoria y el Gobierno dominicano, de momento anima a la población a ponérsela. El marco legal vigente no obliga a la población a vacunarse en aras del interés general. Por tanto, si la vacunación voluntaria no alcanzase los niveles requeridos para la inmunidad de grupo o si cambiaran las circunstancias de la pandemia, el Gobierno debería plantearse la necesidad de establecer por ley la obligación de vacunarse con el consiguiente régimen de consecuencias para quienes no se la pongan. Podría pensarse que “la vacunación obligatoria tiene encaje constitucional en nuestro país. Lo cierto es que ello no está clara del todo en la Ley 42-01 de Salud Pública, de modo que para limitar un derecho fundamental como es la libertad de cada individuo a decidir sobre su cuerpo, haría falta una ley orgánica que aportase mayor calidad jurídica y claridad sobre si, en el caso de la vacuna del coronavirus se dan los criterios de fin legítimo en aras del interés general y proporcionalidad, y para eso habría que ver qué certezas hay sobre la inmunidad de grupo que se puede alcanzar con las vacunas actuales”. Lo cierto es que los servicios de salud de nuestro país no clasifican todavía el coronavirus como enfermedad grave o altamente contagiosa porque la tasa de letalidad es baja y el riesgo de morir está muy ligado a la edad y situación de salud de los afectados, lo que podría dificultar el imponer la vacunación a determinados sectores de la población, en especial, los jóvenes.
¿Es legal obligar a la vacunación contra el covid-19?
La Ley de Salud regula la autonomía del paciente para decidir, por lo que la regla general es la no obligatoriedad de la vacunación, salvo que se llevase a cabo una modificación legislativa al amparo de lo dispuesto en la ley 21-10 de los estados de excepción, en concreto el de emergencia, que faculte a las autoridades a adoptar normas que obliguen a los ciudadanos para la lucha contra las enfermedades infecciosas. La normativa actual en materia de salud pública ya habilita al Gobierno a tomar medidas en caso de un problema relevante como la actual pandemia. No obstante, el concepto “obligatorio” que utiliza es muy extenso y, referido a la vacunación, no siempre hay que entenderlo como que puedan forzar a un individuo a ponérsela. Hay otras formas de coacción. Así se puede imponerle una multa, avisarle con la pérdida del trabajo si no se vacuna o limitar su acceso a determinados sitios.
La vacunación en el mundo laboral
En lo que se refiere al mundo laboral, si el Gobierno considera como voluntaria la vacunación del COVID, ¿las empresas pueden exigir que sus trabajadores se vacunen? ¿Puede exigir alguien a otro estar vacunado? La respuesta correcta es entender que el hecho de que la vacunación sea voluntaria no impediría que las empresas puedan exigir a sus trabajadores vacunarse, aunque para ello acabarán necesitando una resolución judicial. Porque, más allá del derecho de quien no quiere vacunarse, hay que pensar en el derecho del resto, de quien sí se vacuna. Según la actual legislación, solo las autoridades sanitarias podrían establecer tal obligación, nunca las empresas privadas. Las compañías aéreas ahora exigen PCR para viajar, pero porque las autoridades sanitarias de esos países lo han regulado así; y lo mismo debería pasar con la vacuna. Según la legislación laboral actual un empresario no puede obligar a un trabajador a vacunarse, aunque sí puede ofrecer a su plantilla la vacuna de forma voluntaria. Por ello, aquellos empresarios que quieran que toda su plantilla se inmunice para evitar riesgos de salud pública, deberían requerir judicialmente a los empleados para que se vacunen y serían los jueces quienes decidan en cada caso según las circunstancias concretas.
Los derechos de los que si se han vacunado en el debate de la vacuna del covid, habitualmente el foco se pone en la libertad para vacunarse o no, en el derecho a rechazar la vacuna. Pero debería tenerse también en cuenta los derechos de quienes sí se vacunan, de las personas inmunizadas.
¿Es legal obligar a la vacunación contra el covid-19?
Si una persona no puede contagiar el virus es sumamente difícil justificar la restricción de algunos de sus derechos, sobre todo el derecho fundamental a la libertad de movimientos, avalado por la Constitución. Es muy difícil amparar una limitación de movilidad sobre la base de evitar conductas temerarias por parte de terceras personas (los no vacunados). A medida que avance la vacunación y la pandemia, habrá que identificar quién puede propagar el COVID y quien no, para evitar restringir los derechos de quien no representa una amenaza para la salud pública. Quizás la solución no sea exigir un carné de vacunación. En este tema, en Israel como solución se ha propuesto el pasaporte verde para que quien pueda demostrar que no es contagioso –por una PCR reciente, porque ha pasado la enfermedad y está en periodo de inmunidad, por estar vacunado…– pueda acceder libremente a toda una serie de actividades y recintos”. Por su parte el gobierno griego va a permitir a las personas vacunadas viajar libremente, y defendió la necesidad de contar con un certificado de vacunación que espera sea reconocido en todos los estados de la Unión Europea.
Conclusión
Imponer como obligatoria la vacunación de toda la población puede tener un difícil encaje legal salvo que concurrieran situaciones graves de peligro para toda la población dominicana. Lo aconsejable es que las autoridades den información permanentemente, clara, veraz y oportuna sobre las vacunas, sobre la inmunidad y sobre la pandemia para que el grueso de la población optara voluntariamente por vacunarse, y esté consciente de que si no lo hace pone en peligro no solo su existencia, sino la del resto de los individuos de la comunidad en la que vive. Lo más adecuado es desde el Gobierno “animar” a vacunarse. Y con tal fin plantearía menos problemas premiar o pagar dinero a quien se vacune por su actitud solidaria con el resto, porque ahí no se podría cuestionar que se vulneran derechos fundamentales. Desde el punto de vista social y político es más fácil premiar a las personas que se vacunen que sancionar a los que no. No obstante, si se quiere hacer obligatoria la vacuna del COVID, lo más conveniente es aprobar una ley específica de vacunas que, más allá de establecer si la del COVID es o no obligatoria, clarifique a la población en qué actividades puede ser requisito estar vacunado y qué excepciones se admiten. Ello sin duda contribuiría a reducir la conflictividad y, en especial, las disputas entre partidarios y contrarios a vacunarse.