LAS MERCEDES, Pedernales: – La ambición que ha desatado las Tierras Raras en esta frontera ha provocado una cacería de brujas al punto que varias fincas agrícolas fueron desmanteladas, sus dueños golpeados y arrastrados por el suelo, celulares rotos, garrafones y viviendas destruidas, ganado vacuno, caprino y ovinos, a la intemperie.
La acción contra trabajadores del surco y criadores de reses, chivos y ovejas demuestra el poco respeto que merecen hombres y mujeres del campo, cuando el poder avasalla la clase humilde y trabajadora, quitándole 70 años de sueños trabajados.
Así se expresan quienes recibieron golpes, maltrato, sus celulares destruidos, corrales, casas, cercas y sus animales sueltos en la sabana, acusan a un grupo de militares que solo decían «es una orden del presidente Luis Abinader».
«Cállese,» le gritó un coronel comandante de las tropas del SENPA al criador de reces, Chivos y Viejos Martin Feliz, al reclamar que les mostraran la orden Judicial para esas intervenciones.
Una hija de la señora Isabel Feliz, quien acompañaba a su madre, recibió un empujón que rodó por el suelo, en momentos que fue sorprendida tomando un celular para grabar lo que consideraron un abuso del poder.
En los últimos días se ha desatado una cacería de brujas tras las investigaciones, análisis y búsqueda del componente de tierras raras, las cuales tienen mayor concentración de esos minerales en la zona intervenida de Las Mercedes.
Mauricio Cuevas, propietario de uno de los predios dónde un equipo amarillo (Pala Mecánica) destruyó sus casas, la verja de malla y puerta de hierro, fue detenido porque reclamo la orden judicial para esa intervención.
Entre tanto todo este asunto se produce luego de la identificación de las tierras raras.
Los propietarios de predios alegan que con ellos hay que hablar y que el gobierno debe ser el mayor interesado al respecto.
Prohíben entrada a la zona al fiscal
El procurador fiscal Alexander Pérez, intento conocer cuáles eran las acciones que se estaban cometiendo, pero le fue impedido el paso por un contingente militar que alegaba e insistía que la acción había sido emanada por orden presidencial.
Según los propietarios de predios, el gobierno pretende desalojarlos sin compensación alguna, quienes reclaman justicia frente al tema ya que según expresan ahí vieron sus hijos nacer y crecer hace cuarenta, cincuenta y sesenta años.
Algunas familias, están dispuestas a negociar con el gobierno más sin embargo «primero muertos antes de perder sus derechos» sostienen.