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El Tribunal de Nueva York acusa a Nicolás Madura y sus colaboradores de 4 cargos federales

Nueva York: – Durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos públicos para corromper las instituciones del país, transformándolas en herramientas para la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Nicolás Maduro Moros es señalado como la figura central de esta corrupción, habiendo utilizado su autoridad para facilitar el transporte de miles de toneladas de droga.

El sistema opera bajo un esquema de patrocinio conocido como el «Cartel de Los Soles», nombre derivado de las insignias de sol en los uniformes de los altos oficiales militares venezolanos que se enriquecen con este tráfico. Venezuela se convirtió en un refugio seguro para traficantes que pagan por protección a funcionarios civiles y militares corruptos.

  1. Los Principales Acusados y sus Roles

La acusación identifica a varios miembros de la élite política y sus familiares como participantes activos:

  • Nicolás Maduro Moros: Como legislador, canciller y presidente, ha facilitado el movimiento de cargamentos bajo protección policial, otorgado pasaportes diplomáticos a traficantes y brindada cobertura para repatriar ganancias del narcotráfico.
  • Diosdado Cabello Rondón: Actual ministro del Interior y Justicia, es considerado uno de los oficiales más poderosos de Venezuela; se le acusa de proteger cargamentos de varias toneladas y recibir sobornos millonarios (como un pago de $2.5 millones por un envío fallido en 2006).
  • Cilia Adela Flores de Maduro: La «primera dama» es acusada de aceptar sobornos para mediar con funcionarios antidrogas y de participar en el tráfico de cocaína previamente incautada por las autoridades.
  • Nicolás Ernesto Maduro Guerra («Nicolasito»): El hijo de Maduro habría utilizado aviones de la estatal PDVSA para transportar paquetes de droga y coordinados envíos de cientos de kilogramos hacia Miami y Nueva York.
  • Ramón Rodríguez Chacín: Exministro que presuntamente mantenía campamentos de entrenamiento de las FARC en su propiedad y brindaba protección a líderes guerrilleros por orden de Maduro.
  • Héctor Rusthenford Guerrero Flores («Niño Guerrero»): Líder del Tren de Aragua (TdA), quien desde la prisión de Tocorón coordinaba la logística y protección de cargamentos de cocaína en las costas venezolanas.
  1. Alianzas con Organizaciones Narcoterroristas

El régimen venezolano no actuó solo, sino que formó alianzas con algunos de los grupos criminales más violentos del mundo:

  • FARC y ELN: Estos grupos colombianos controlan la producción de cocaína y han recibido armas, protección y refugio en suelo venezolano a cambio de compartir sus ganancias con el régimen.
  • Cárteles Mexicanos (Sinaloa y Los Zetas): Utilizaron los puertos y aeropuertos venezolanos como puntos de transbordo para llevar la droga a EE. UU. a través de Centroamérica y México.
  • Tren de Aragua (TdA): Proporcionó servicios de escolta y manejo logístico en las costas de Venezuela.
  1. Actos Específicos de Criminalidad

Las fuentes detallan operativos específicos que demuestran la magnitud de la conspiración:

  • Uso de infraestructura estatal: Se utilizaron el hangar presidencial en el Aeropuerto de Maiquetía y aviones de PDVSA para cargar droga.
  • Valijas Diplomáticas: Maduro, como Canciller, instruyó a la embajada en México para facilitar vuelos privados que transportaban dinero del narcotráfico bajo cobertura diplomática.
  • Violencia y Colectivos: Maduro y su esposa habrían ordenado secuestros, palizas y asesinatos contra quienes perjudicaran sus operaciones, utilizando grupos de choque conocidos como «colectivos».
  1. Cargos Estatutarios

La acusación formal presenta cuatro cargos principales contra los acusados:

  1. Conspiración para el narcoterrorismo.
  2. Conspiración para la importación de cocaína a los Estados Unidos.
  3. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con delitos de narcotráfico.
  4. Conspiración para poseer dicho armamento.

Además, el gobierno de los Estados Unidos busca la confiscación de todos los bienes y activos derivados de estas actividades ilícitas.