Por Frank Valenzuela
MANZANILLO, Montecristi: – El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció este lunes, la aniquilación sistemática y calculada del ecosistema de Coccoloba uvifera (uva de playa) en el borde costero de Playa Estero Balsa, un acto que califica como una agresión premeditada contra el patrimonio natural de la nación. Este litoral, un tesoro biológico dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, designado Sitio Ramsar, ha sido completamente barrido por intereses corporativos que operan con una alarmante impunidad en una de las bahías más sensibles e históricas del Caribe.
Frank Valenzuela, presidente de la organización ciudadana, señaló como responsables directos de esta catástrofe a dos consorcios energéticos globales cuya construcción de muelles gasíferos está borrando ecosistemas irremplazables, y aseguró: “esto no es desarrollo; es una agresión premeditada contra la vida y nuestro futuro”. Afirmó además que el seguimiento documentado por la organización durante tres años prueba que cada día de operación de estas compañías escribe una nueva página en la crónica de una muerte anunciada para la biodiversidad y el sustento comunitario de Manzanillo.
El Centro CEBAMDER señaló que este desastre ambiental lleva el sello de una grave incongruencia internacional, al ser uno de los consorcios financiado en gran parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una entidad de carácter mundial que públicamente promueve la sostenibilidad y la protección ambiental está, en la práctica, patrocinando la destrucción de la misma base natural que sus políticas y salvaguardas afirman proteger. Esta contradicción flagrante exige una rendición de cuentas inmediata y expone al BID a un grave escrutinio por parte de la comunidad global y los inversores éticos.
La entidad ciudadana asegura que la evidencia del daño es irrefutable y ha sido documentada visualmente, mostrando el paso “de la vida al esqueleto” de la Coccoloba uvifera. Lo que antes era un emblema robusto de la resiliencia costera, hoy es una estructura colapsada y sin vida, convertida en evidencia forense del impacto destructivo. El declive coincide exactamente con la llegada de maquinaria pesada de los consorcios, con el patrocinio financiero del BID, confirmando que su muerte no fue un suceso natural, sino el resultado directo de un modelo extractivista que desprecia la vida.
Un fraude ambiental y la complicidad institucional
La metodología empleada por los consorcios, con la aquiescencia del BID, representa una perversión del derecho ambiental al invertir el principio precautorio. Las empresas primero arrasaron el ecosistema, removieron la vegetación y alteraron la topografía costera, y solo después encargaron los estudios de impacto ambiental. Esta práctica fraudulenta establece la línea base sobre un paisaje ya degradado para minimizar artificialmente la apariencia del impacto real, constituyendo una estafa intelectual para legalizar la devastación ya cometida.
El rol del Banco Interamericano de Desarrollo en este esquema es inexcusable. Como financista, el BID tiene la obligación fiduciaria y ética de asegurar el cumplimiento de las más altas salvaguardas ambientales, pero ha fallado estrepitosamente. Al permitir que estos proyectos avanzaran con una metodología tan evidentemente fraudulenta, el BID se despoja de su neutralidad y se convierte en cómplice activo de la destrucción, sentando un precedente nefasto para toda la región del Caribe y socavando la credibilidad de las finanzas para el desarrollo.
CEBAMDER asegura que esta devastación ocurre ante la alarmante pasividad del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana, cuyo silencio ensordecedor funciona como un aval para las acciones de los consorcios. A pesar de múltiples denuncias formales y pruebas contundentes presentadas por CEBAMDER, la falta de fiscalización y sanciones sugiere una alarmante captura corporativa de la institucionalidad ambiental. Esta inacción es una traición al mandato constitucional de proteger el patrimonio natural del país y a su gente.
El colapso socioeconómico y la amenaza de Desarraigo
La aniquilación de la uva de playa es solo el inicio de un asalto multifactorial que ha incluido la compactación del suelo, la alteración de las corrientes marinas y la contaminación química por derrames de combustibles y tóxicos. Las operaciones de los consorcios han desatado una maquinaria de devastación que asfixia las raíces, envenena el sustrato y despoja a la costa de su principal mecanismo de defensa natural, dejando a las comunidades adyacentes, como las del Parque Nacional de Manglares, completamente expuestas.
La destrucción del ecosistema ha activado un efecto dominó que ya causa el colapso de la estructura social y económica de Manzanillo. Los pescadores artesanales, los criadores ovinos y caprinos, el pujante sector ecoturístico y los apicultores ven sus medios de vida tradicionales extinguidos por la contaminación y la deforestación. El supuesto «progreso» de los consorcios energéticos se traduce directamente en la ruina de las economías locales, el empobrecimiento masivo y la desintegración de un tejido social que por generaciones ha vivido en armonía con su entorno.
Esta agresión avanza tierra adentro para atacar el corazón cultural de Manzanillo, con la amenaza de desalojo sobre el barrio histórico de Villa Raif. Bajo el pretexto de necesitar espacio para infraestructuras, se planea un desplazamiento forzoso que constituye una violación de los derechos humanos y un acto de «memoricidio» contra un archivo vivo de la identidad regional. La defensa de Villa Raif, aseguró Valenzuela, es inseparable de la defensa de la bahía, pues no se puede proteger un ecosistema sin proteger a la comunidad que vive en él.
Un llamado urgente a la acción y la Justicia Ambiental
CEBAMDER hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los medios de comunicación globales y a los organismos de derechos humanos: pongan sus ojos en Manzanillo. No permitan que la narrativa corporativa del «progreso» oculte esta cruda realidad. Exigimos que el Banco Interamericano de Desarrollo y sus países miembros respondan por financiar un proyecto que viola sus propios estatutos y que los consorcios energéticos sean responsabilizados por el daño irreparable que están causando.
Al Estado dominicano le exigimos acciones concretas e inmediatas, no más promesas. Demandamos una moratoria inmediata de estas obras, la realización de una auditoría ambiental verdaderamente independiente y la cancelación definitiva de los permisos otorgados ilegalmente en un área protegida. Es imperativo que se diseñe y ejecute un plan de restauración ecológica y social, financiado íntegramente por las empresas que causaron el daño, como primer paso hacia la justicia ambiental.
Esta lucha por la Bahía de Manzanillo es una batalla por el futuro de la República Dominicana. Como afirma nuestro presidente, Frank Valenzuela, «nos han robado los árboles y los peces, pero no nos robarán la dignidad ni la esperanza». Seguiremos defendiendo cada metro de playa y cada hogar, luchando por un modelo de desarrollo que respete la vida, fortalezca a las comunidades y asegure un legado de sostenibilidad, no de ruinas, para las generaciones futuras.