Santo Domingo:- El juez especial que llevará la preliminar del juicio de fondo a los acusados en el caso Odebrecht, Francisco Ortega fijó para el día 6 de julio la audiencia, mientras el fiscal general de la nación, Jean Alain Rodríguez aseguró hoy que los siete encartados en la trama de la internacional constructora brasileña tienen comprometida su responsabilidad penal y que ello lo demuestran las 1,711 pruebas que acompañan el expediente acusatorio presentado en su contra por el Ministerio Público.
Éste miércoles en la tarde, desde la Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República se informó que la audiencia fue fijada para el próximo viernes 6 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana y que se efectuará en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.
Jean Alain expresó que el Ministerio Público destruirá por completo en los tribunales los falsos argumentos presentados a la opinión pública por abogados de algunos de los imputados, resaltando que en el caso de los que ocuparon funciones públicas, los elementos probatorios confirman que recibieron dinero de los sobornos que la multinacional Odebrecht admitiera que pagó en el país, incluso, más allá del tiempo en que ocuparon dichas funciones, identificando con nombre y apellido los delatores a seis de los imputados y a un séptimo hasta con cheques de sobornos pagados al imputado, su esposa e hijo.
Rodríguez reiteró que el Ministerio Público está más firme que nunca en su compromiso de procurar justicia y que no descansará hasta lograr que los siete acusados reciban condenas ejemplares, acordes a los delitos que durante la investigación realizada por espacio de un año, se determinó que cometieron.
Se recuerda que el pasado 7 de junio, el Ministerio Público depositó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de los de los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán Grullón, Roberto Rodríguez y Jesús -Chú- Vásquez.
Los imputados están vinculados a actos relacionados presuntamente a sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, estableciéndose que dichos imputados no pueden justificar sus respectivos patrimonios con evidencias contundentes e irrefutables de sobornos con cheques, transferencias bancarias, cuentas en el exterior con millones de dólares, falsedad en declaraciones juradas, ocultamiento de inmuebles y cuentas bancarias, entre otras tantas pruebas.