Santo Domingo:- El bloque de Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió este miércoles a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), investigar la denuncia que hicieron legisladores de la organización política, sobre los pagos realizados por el gobierno a los publicistas Joao Santana y Mónica Moura por mil 403 millones de pesos.
La diputada Faride Raful, en rueda de prensa esta mañana, en compañía de dirigentes del PRM dijo que estos pagos se realizaron luego de que se encontrasen presos, implicados en el caso de corrupción más grande de la historia de Latinoamérica.
Ante la negativa de que los diputados peledeístas se opusieran a que formara una comisión para investigar la denuncia del PRM, éstos, decidieron solicitar al PECPA que haga una investigación seria y apagada a los principios éticos.
De su lado, el presidente del partido opositor, José Ignacio Paliza, reitero de la creación de una comisión de investigación de sus legisladores en torno a los pagos realizados por el gobierno al publicista Joa Santana y Mónica Moura.
Cuestionaron una comunicación que le enviaron a los diputados del PRM por los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez de Marchena, pero expresaron que es una admisión de culpa la cual está plagada de “imprecisiones, falsedades y justificaciones que pretenden engañar al pueblo dominicano.”
Afirmaron que lo más importante de todo es la admisión del gobierno de que contrataron y continuaron realizando pagos a Joao Santana y Mónica Moura, (según la carta depositada por Presidencia ante el Congreso Nacional, por un monto de RD$ Mil 403 millones de pesos, suma que consideraron exorbitante que necesita ser investigada.
Esto viola la Ley de Lavado de Activos vigente en ese momento y la Ley de Contrataciones Públicas. El PEPCA debe iniciar una investigación de oficio inmediatamente.
Indicaron que no hacen uso político coyuntural de este caso y que el 17 de marzo 2017 (en carta dirigida al Ministerio Administrativo de la Presidencia), el diputado Frank Paulino solicitó la información de todos los contratos, facturas y libramientos, y la respuesta, en franca violación a la Ley de Libre Acceso, se limitó a unos números de libramientos sin montos ni detalles, por lo que se dirigieron a la Contraloría donde igualmente les proporcionaron la información parcial alegando que los libramientos referentes al 2013 no se reflejaban en la página del SIGEF (como consta en comunicación remitida por la Contraloría General de República a la Diputada, Faride Raful en fecha 2 de febrero 2018).
Insistieron en que con los documentos recibidos de la Contraloría, se evidencian Registros de Contratos y libramientos con las sociedades Polis Caribe y CINE&ART2013 por una suma aproximada de RD$ 1,400 millones de pesos.
Los legisladores condenaron la declaración pública de los funcionarios, que sin evidencias pretenden desconocer la facultad que tienen los congresistas a investigar y crear una comisión especial que investigue los fondos públicos.
Resaltaron y mostraron la existencia de un Registro de Contrato que se renovó el 7 de enero de 2016, entre El Ministerio administrativo de la Presidencia y la empresa Polis caribe, cuya representante fue Mónica Moura, el mismo contiene una vigencia desde el 3 de diciembre 2015 hasta el 3 de diciembre 2016, por un monto de US$1,200,000.00, repartidos en pagos mensuales de US$100,000.00 por concepto de asesoría en comunicación y planificación estratégica, lo cual contradice lo vertido en la carta remitida por la Presidencia de la República de que los contratos con estas empresas habían sido rescindidos en Diciembre del 2015.
Recomendaron que ese ánimo de transparencia y apertura que han manifestado, solicitan a la Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial con miembros de todos los partidos representados en el Congreso, incluyendo a parte de los proponentes de la resolución y que se inicien las investigaciones hasta que el Pueblo Dominicano pueda conocer toda la verdad, y que se pueda determinar la disposición de esos fondos públicos para el pago al asesor principal de la campaña del Presidente Medina. El país necesita determinar la legalidad y el financiamiento, uso de los dineros públicos.