Miguel Franjul
Ciberataques contra la libertad de expresión
La libertad de prensa y de expresión ha alcanzado grados de plenitud desde que la internet abrió las puertas para que miles de millones de personas pudieran acceder a las plataformas digitales, desde las cuales emiten opiniones, difunden noticias e interactúan entre sí en un marco de amplia libertad.
Regiones del mundo que antes estaban privadas de usar estas vías para la comunicación social han podido salir del ostracismo a la que las tenían condenadas los regímenes dictatoriales o los sistemas políticos que les imponían sus dogmas ideológicos, y en esta era del internet han podido disfrutar los beneficios de esa libertad.
No obstante, el alto nivel de socialización que propician las redes, persisten los ataques abiertos o solapados de los enemigos de esa libertad que procuran restringir este acceso universal a las comunicaciones, aun en países o regiones en las que predominan gobiernos democráticos o que presumen de serlo.
Uno de los pretextos invocados es el de que en las redes sociales se propagan mentiras, informaciones aviesas, sediciosas o manipuladas que distorsionan las realidades o que comprometen los intereses de la seguridad de un Estado, y basados en esos criterios aprueban leyes restrictivas o, simplemente, interfieren o cierran el acceso a esas plataformas.
Una forma disimulada de ejercer esta coerción es aplicando tecnologías para “hackear” los sitios digitales de diarios o páginas web independientes que suelen denunciar la corrupción de un gobierno, prohibir las señales de internet y penalizar a los usuarios que violen las reglas de censura o las fuertes regulaciones que imponen a la difusión de ideas.
Esta situación ha dado lugar a que Naciones Unidas creara un observatorio para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la finalidad de bosquejar una especie de marco legal para evitar el ataque a esta libertad.
Naturalmente, la intención es propiciar una especie de equilibrio en el uso correcto de las redes sociales para desalentar los excesos que se cometen al difundir noticias o informaciones falsas que pueden inducir a actitudes y reacciones inapropiadas del público, un problema bastante generalizado en la esfera digital.
La prensa tradicional, que entiende y respeta la máxima de que su misión es informar la verdad y que gracias a ese ejercicio contribuye al fortalecimiento de la democracia, lucha en todos los frentes para defender el derecho de los ciudadanos a una información correcta y a la libre expresión de las opiniones, combatiendo todas las formas de restricciones injustas que inhiben estas potestades inalienables de la persona humana.
Son muchos los periódicos latinoamericanos, y de otras regiones del mundo, que a su vez operan multiplataformas digitales, que han sufrido los efectos de ciberataques, fiscalizaciones, intervenciones o acciones directas de censura, vigilancia electrónica de sus periodistas, invasión de sus correos personales o prohibición de publicaciones, por causa de investigaciones urticantes que develan corrupción, atrocidades y abusos de los poderes fácticos.
Como se puede apreciar, los enemigos de la libertad de expresión y de prensa siguen siendo muchos en un mundo que se abre a las comunicaciones sin cortapisas como jamás había ocurrido en la historia de la humanidad. Pero a ellos les decimos: ¡No nos callarán!