Por Ricardo Curiel
San Cristóbal: – En la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente de San Cristóbal impera el “trujillato” con medidas abusivas, intolerante, injusta y sin compasión contra los ciudadanos que acuden a cumplir con el pago de Las multas por infracciones a la ley 287-09 sobre medio ambiente y contaminación sónica.
A esta procuraduría son trasladados los ciudadanos de San Cristóbal y del municipio de Baní que son apresados por las autoridades policiales en operativos por violar la ley contra la contaminación acústica y los ruidos molestos.
La ley 287-04 establece sanciones para quienes perturban la tranquilidad pública y los infractores pueden enfrentar multas o arrestos, además de la confiscación de equipos de sonido, vehículos, motocicletas y otros de transporte público y privado.
Pero llegar a esta institución para cumplir con el pago de las multas y la entrega de sus vehículos se convierte en un calvario para la población.
La odisea comienza con la entrega de los documentos para el proceso de pago y entrega de los vehículos incautados, que podría extenderse por largas horas interminables o varios días angustiosos.
Los munícipes sufren toda clase de vejámenes que van desde violación a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las leyes, en una dirección provincial dirigida por un magistrado que debe ser garante del respeto de los derechos del ciudadano, y ocurre todo lo contrario.
Este redactor del portal digital VOZLIBRE.NET, sufrió en carne propia la manera atropellante y humillante, como son tratados los ciudadanos.
El guardia de seguridad y las asistentes del magistrado son los que disponen los que se va a hacer.
Nadie tiene derecho a nada. Lo que diga el guardia es lo que va por órdenes del magistrado, que es un representante del ministerio público, y por tal razón debe ser garante del respeto de los derechos humanos.
El magistrado Rigoberto Santana, procurador de la institución, se negó a ofrecerme una entrevista para que explicara sobre la situación imperante en la institución y las multas exageradas impuestas.
Pero el guardia y asistente del magistrado no me permitieron hablar mientras daban repuestas altanera y arrogantes: “el magistrado no recibe a nadie”, “ya él puso las multas”, “haga lo que usted quieras”, “a mí no me importa lo que haga”, “coño aquí mandamos nosotros”.
Ni la intervención de la encargada de prensa de la Procuraduría General de la República provocó que el magistrado “diera la cara” como funcionario público, y optó mejor por actuar como todo un dictador, emulando al sátrapa Rafael Leónidas Trujillo, responsable de cercenar todas las libertades públicas por más de 30 años.
Para entregar los vehículos incautados a pesar de las multas pagadas tras los ciudadanos deben estar a la merced del guardia y ahí es que se pasa lucha. Horas van y horas vienen y los “cuentos” se mantienen por más de cinco horas, “Dejen que estos terminen de firmar para hacer un solo viaje”, “deja que venga la guagua”, “dejen que llegue el chofer”, “esperen procurador termine reunión”, “ya nos vamos de que yo termine con otras personas”, y así nos las pasamos entre cuentos y cuentos.
La impotencia por los abusos cometidos alteró los ánimos de los ciudadanos y el ambiente estaba a punto de estallar en una trifulca en la procuraduría ambiental de San Cristóbal, que podría provocar una tragedia por la manera dictatorial del funcionario judicial.
Tras más de cinco horas de espera y cuando todo iba explotar apareció el guardia anunciando que llegó el chofer con el vehículo que lo transportaría hasta la Defensa Civil para entregar los vehículos y motocicletas incautados. La sangre no llegó al rio.