Santo Domingo: – La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) saludó la decisión del presidente Luis Abinader de disponer la detención inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero, promovido por GoldQuest en la provincia de San Juan.
La CAUASD valoró que el Poder Ejecutivo haya reconocido la fuerza jurídica, ambiental y democrática de la licencia social, entendida como la aceptación informada, legítima y participativa de las comunidades afectadas por proyectos de alto impacto ambiental, territorial, hídrico y social.
Rechazo y fragilidad hídrica
La Comisión sostuvo que la decisión confirma que no puede haber minería viable donde existe rechazo social masivo, alta fragilidad hídrica, importancia agrícola estratégica y riesgo de afectación a territorios esenciales para la vida, la producción y el consumo humano.
Felicitó al pueblo de San Juan y del suroeste, a sus comunidades campesinas, productores, juntas de regantes, organizaciones sociales, iglesias, profesionales, jóvenes, mujeres, entidades académicas, ambientalistas y ciudadanos que han desarrollado una lucha cívica en defensa del agua, la vida, la agricultura y el territorio.
Revisión de concesiones
La CAUASD advirtió que esta victoria ciudadana no debe interpretarse como el cierre del problema, sino como el inicio de una revisión más profunda.
Planteó que el país debe examinar todo el conjunto de concesiones, solicitudes y derechos mineros que ocupan o presionan la vertiente sur de la Cordillera Central y otras zonas de alta sensibilidad hídrica, ecológica, agrícola y social.
Consideró indispensable que el Estado revise el modelo actual de otorgamiento de concesiones mineras, especialmente cuando estas se superponen sobre cuencas hidrográficas, zonas de recarga, territorios agrícolas, áreas de producción alimentaria, comunidades rurales y ecosistemas estratégicos.
Marco legal
Reiteró que antes de cualquier Estudio de Impacto Ambiental de proyecto debe realizarse una Evaluación Ambiental Estratégica, como mandan la Ley 64-00, la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Resolución 0020-2024 del Ministerio de Medio Ambiente.
La Comisión afirmó que República Dominicana necesita con urgencia una nueva Ley Minera, moderna, democrática y preventiva, que coloque por encima de cualquier interés extractivo la protección del agua, la seguridad alimentaria, el ordenamiento territorial, los derechos de propiedad, la participación ciudadana y la sostenibilidad ecológica.
Llamado nacional
La CAUASD llamó al Gobierno, al Congreso, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, a universidades, ayuntamientos, juntas de regantes y sectores productivos a abrir un gran proceso nacional de revisión del régimen minero dominicano.
“La decisión presidencial constituye un paso correcto. Ahora corresponde avanzar hacia una política pública más profunda: proteger las cuencas, ordenar el territorio, revisar las concesiones, modernizar la ley minera y garantizar que ningún proyecto extractivo se imponga contra la voluntad legítima de los pueblos”, concluyó la Comisión.