Un escándalo explosivo ha sacudido la cooperación antidrogas en el Caribe: la Embajada de Estados Unidos cerró temporalmente la oficina de la Drug Enforcement Administration (DEA) en la República Dominicana.
Lo que inicialmente se presentó como una medida de “cero tolerancias a la corrupción” revela ahora un trasfondo mucho más grave: presuntas extorsiones y fraude en el otorgamiento de visas por parte de un alto funcionario de la agencia.
Investigaciones judiciales en Estados Unidos indican que un supervisor de la DEA fue arrestado por soborno y fraude de visas, acusado de recibir miles de dólares para agilizar al menos 119 solicitudes, muchas con fines cuestionables.
Fuentes extraoficiales señalan que cada gestión podía generar pagos de hasta 3 000 dólares, creando un circuito informal de lucro que aprovechó la autoridad del funcionario. Este caso evidencia cómo incluso programas legítimos pueden convertirse en instrumentos de beneficio personal cuando faltan controles claros.
El impacto va más allá del agente involucrado. La República Dominicana es un nodo estratégico para la lucha antidrogas en el Caribe, y la DEA ha sido clave en la desarticulación de redes criminales y el control del tránsito de drogas hacia Estados Unidos.