Santo Domingo: – La muerte de Paula Santana, víctima del supuesto acoso de compañeros de trabajo, constituye un acto “de crueldad humana” que refuerza el reclamo de expertos e instituciones en el sentido de que el gobierno debe aplicar las normas de protección a las mujeres, sostuvo la abogada y defensora de derechos humanos María Bizenny Martínez.
Paula Santana, la joven de 23 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla, trabajaba en la empresa de zona franca Integer Holdings Corp, en Santo Domingo Este, de 11:30 de la noche a 6:30 de la mañana.
Johanny Escalante, la madre de la fallecida, declaró que un compañero del trabajo era quien la acosaba a la menor de cuatro hermanos.
La joven masacrada había reportado el acoso ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, “pero no le hicieron caso”, según las declaraciones de la madre.
El tema en la ONU
Bizenny, que coordina el Departamento de Derechos Humanos de la organización Mosctha, observó el hecho de que el caso de la joven Santana sucedió a apenas una semana de las discusiones realizadas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionadas con la aplicación de las normas de protección a la mujer trabajadora.
La activista, dijo que “nos da mucho pesar que este fallecimiento ocurra a solo una semana de la participación en la pres-sesión del Examen Periódico Universal (EPU)”, un mecanismo singular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estipula que cada Estado miembro sea sometido cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos.
En la pres-sesión del EPU uno de los temas abordados fue el gran índice de acosos laborales que persisten en República Dominicana, declaró Bizenny.
La activista precisó que la violencia en el mundo del trabajo asciende al 70% de las mujeres, las cuales “han sido acosadas por sus pares o jefes de áreas”.
El reclamo en la ONU
El discurso de la activista al participar en el foro, estuvo centrado en solicitar al Estado dominicano “firmar, ratificar y aplicar de forma inmediata las normas y convenciones internacionales de protección a las personas trabajadoras”.
Bizenny destacó que la firma y aplicación del convenido 190 es un mandato de la hora. Ese instrumento se refiere al acoso y la violencia en el mundo del trabajo,” tomando en cuenta que el 70% de las mujeres han sido acosadas por sus pares u jefes de áreas”.
Los gremios sindicales, la sociedad civil y catedráticos han elevado sus voces en reclamo a la actualización del Código Penal y el Código Laboral, “con el fin de incluir convenios importantes de protección y una ruta más documentada para erradicar la violencia contra las mujeres trabajadoras y con esto crear espacios que garantice una verdadera igualdad”.