Santo Domingo:- La comisión especial que fue designada para estudiar la crisis en la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD), decidió presentar un informe favorable en la que los miembros del órgano auditor, se presenten a un juicio político, que pondrá fin al conflicto interno que lleva ya tres años con una parálisis institucional.
En la reunión participaron 11 de los 17 miembros de la comisión, de la que nueve de ellos votaron por el juicio político contra los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas. Dos se obtuvieron de elegir el juicio.
El presidente de la comisión, Rogelio Genao Panza, explicó que esos miembros que se abstuvieron de votar a favor del juicio político, tienen todo el derecho pero que eso no cambio la intención de los comisionados, pero que será el pleno de los diputados los que tomen la decisión final de enviarlos al paredón del senado para juzgarlos y tomar el arbitraje final.
Los comisionados son: Rogelio Genao, quién la preside, además César Santiago Rutinel, Rosendy Polanco, Pedro Tineo, Elías Wessin Chávez, Rubén Maldonado, Plutarco Pérez, Mayobanex Martínez, Víctor Suárez, Gustavo Sánchez, Saury Mota, Braulio Espinal, José Horacio Rodríguez, Brenda Ogando, Santiago Vilorio, Amado Díaz y Lily Florentino.
Casi desde el inicio de la gestión de la nueva cámara de cuentas, este órgano fiscalizar los fondos públicos ha caído en una parálisis por los conflictos internos entre los miembros en las que hay acusaciones por presuntos acosos laboral, interferencias de los demás miembros en las decisiones del presidente Janel Andrés Ramírez Sánchez.
Sánchez dijo en un momento de su gestión que es un preso de confianza, asegurando que «Si yo me hubiese dado cuenta de las acusaciones, “no me meto en eso».
Janel Ramírez, aseguró que el pleno del organismo aprobó un reglamento que va en contra de la ley que rige la institución por lo que tiene que hacer «En muchos casos, lo que diga el pleno aunque esté en contra de la ley».
Explicó que por ejemplo casos en los que el pleno ha otorgado dos días de réplica a personas cuyas gestiones en instituciones han sido auditadas, cuando la ley establece un plazo de 10 días laborales para esta acción, y que el evidenciar la presunta mala práctica se han generado situaciones internas entre los miembros.
«Si yo me hubiese dado cuenta de eso, no me meto en eso», dijo Janel Ramírez durante una entrevista realizada en el programa matutino El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11.