Santo Domingo:- Las oficinas de la sede principal de la empresa minera Barrick Gold en el Distrito Nacional fueron piqueteadas por una representación de las comunidades de la provincia Sánchez Ramírez (Cotuí), ubicadas en las instalaciones de la explotación aurífera.
“Ya no aguantamos más”, dijo Leoncia Ramos para denunciar las penurias por las que atraviesan por la falta de agua potable luego que las fuentes fueron contaminadas por sustancias tóxicas que emana del procesamiento de oro por parte de la empresa extranjera.
«Esta acción de la minera está afectando el más importante lago del Caribe: La presa de Hatillo y no conforme con todo esto, el Estado, administrado por el Presidente Abinader, le da más poder seguir dañando nuestro ecosistema», aseguro Fernando Peña, sociólogo y dirigente comunitario defensor de sus derechos.
Las necesidades del preciado líquido que requieren para el consumo en las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna, Jurungo, Jobo Claro y El Naranjo son suplidas con solo dos botellones diarios, dijo Ramos en la parte baja de la plaza comercial Novo-Centro, ubicado en la avenida Lope de Vega número 29, en cuyo piso 16 operan las oficinas de la Barrick Gold.
La vocera de las comunidades, quien estuvo acompañada de Ludovino Fernández, Gonzalo Francisco, Ignacio Guzmán, así como otros comunitarios y ciudadanos que les apoyan, entregó un documento donde señalan sus reclamos y denuncian la situación por la que atraviesan.
Se refirieron al “desastre ambiental y humano” que, según dijeron, impone la explotación minera a cielo abierto que desarrolla la Barrick Gold.
De acuerdo con el texto del documento, el piquete se realiza en ocasión de celebrarse la Semana Mundial de Acción “contra las devastaciones ecológicas y ambientales y la violación de los derechos de las comunidades”.
Los reclamos fueron centrados en que sean paralizados los planes de instalar una nueva presa de cola para almacenar más lodos tóxicos.
También, que se reubiquen las comunidades ubicadas debajo de la Presa de Cola El Yagal y que sean revisados y evaluados por especialistas independientes sus supuestos de estudios de impacto ambiental para esos planes.
La representación de las seis comunidades directamente dañadas por la minera y abandonadas totalmente por el gobierno explican que el gobierno y la minera han tenido que asumir la necesidad urgente de la reubicación de las comunidades “y ahora con mucha más urgencia, cuando hablan de la ampliación de la explotación minera y de la instalación de un nuevo embalse de relaves tóxicos”.
En abandono
Los manifestantes denunciaron que han sido abandonas a su propia suerte y que se ha incumplido el compromiso y la promesa de su reubicación, a pesar de que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas se comprometió a sanear la situación poblacional de la zona para responder posteriormente sobre el reclamo de la reubicación de las comunidades. “Para ello se financió y realizó un estudio a cargo de una empresa independiente, desde hace más de tres años”.
En el documento se establece que la Barrick Gold viola la ley 6400 de medio ambiente y entra en conflicto con reglamentaciones y convenios internacionales que prohíben la existencia de comunidades en las áreas de explotación y un perímetro técnica y científicamente establecido.
Los comunitarios dijeron que, por igual, se violan los derechos humanos, “pasando por encima de los DESCA (derechos humanos, económicos, sociales y ambientales) y los convenios relativos a la explotación minera, así como también al “Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera”.
Es la constitución dominicana, legislación fundamental y leyes especiales, las que obligan al gobierno y a la minera para que reubiquen todas las comunidades, precisan en el documento.
“Es la indolencia, los afanes de acumulación ilegal de riquezas de los funcionarios y los intereses de la mafia local de funcionarios, técnicos y politiqueros, en la que aun participa una parte de las personas que patrocinaron la estafa anterior cuando el despojo de Los Cacaos y el desplazamiento de la comunidad de El Yagal”, señala el documento.
Los dirigentes comunitarios aseguraron que están ante la posibilidad real de “un desastre”, ante la posibilidad real del eventual colapso del “muro de la muerte”. De producirse, aseguraron, serán sepultadas las comunidades “y constituirá la culpa eterna de la irresponsabilidad gubernamental y de una empresa insaciable como Barrick Gold PVDC”.
Sanchito Sánchez, es periodista y locutor azuano con una gran experiencia en los medios de comunicación, con ejercicio de más de 25 años. Es egresado de la escuela de comunicación social de CENTU 
