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Una apuesta para el desarrollo cultural en RD

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LA AUORA ES: Abogada, Experta en Administración Pública, Políticas Públicas, Diseño de Programas de Proyectos a nivel de la Ciencia, Educación y Cultura, Administración y Gestora Cultural

Por Betzaida E. Ymaya

Gran parte de los países de América Latina, cuentan con leyes para el Incentivo y Fomento del Mecenazgo Cultural, que han sido sancionadas por las carencias de fondos provenientes de aportes del sector público en procura de cubrir parte de las demandas para la rehabilitación del patrimonio, y la inversión del sector cultural.

En nuestro caso no es una responsabilidad exclusiva del Estado cubrir tales demandas, por ello, la constitución prevé y establece un régimen económico y financiero, para la iniciativa privada libre. Nada nuevo, para los gerentes, gestores y lideres el sector cultural, que han trabajado por larga data programas y proyectos con la ayuda de autogestión.

El Estado está llamado a procurar, junto al sector privado un crecimiento equilibrado y sostenible de la economía, además de fomentar la iniciativa privada, creando las políticas necesarias para promover el desarrollo del país. (Art. 217-219 Constitución Dominicana).

En la República Dominicana, en los últimos años el sector de la cultura ha presentado mucha dispersión, concentrando su atención en algunas áreas a criterios de los responsables de turnos como prioridades que requiere el área de la cultura para su desarrollo. Desde las altas instancias el Estado deberá implementar políticas públicas eficaces que contribuyan a dinamizar un sector cultural muy debilitado.

Implementar sistemas que garanticen el fortalecimiento institucional y el éxito de una gestión responsable y objetiva desde la esfera de la administración pública, los responsables deben someter sus actuaciones al ordenamiento jurídico.

Además de propiciar el acompañamiento en sus tomas de decisiones con los principios de la organización y funcionamiento de la administración pública tales como: principio de unidad, igualdad, responsabilidad fiscal de la organización, principio de participación en las políticas públicas, el principio de funcionamiento planificado y evaluación de desempeño y de los resultados, principio de simplicidad y cercanía organizativa a los particulares (art. 12, Ley 247-12) Ley Orgánica de Administración Pública.

En ese sentido, los entes y órganos de la Administración Pública, cuentan con unos procedimientos, medios e instancias para el diseño, la ejecución, seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas. Están llamados a promover la participación ciudadana al permitirles presentar propuestas, y formular sus opiniones sobre la gestión pública.

Una parte del sector de la cultura en la República Dominicana, ha hecho una apuesta a la recién ley 340-19, y su reglamento de Aplicación No. 558-21 sobre el Régimen de Incentivos y Fomento del Mecenazgo Cultural, como si se tratase de una formula o recetario para incentivar el éxito que los conducirá alcanzar el desarrollo de las industrias creativas nacionales.

Consultando el estudio del profesor Cristian Antoine, chileno, Investigador y analista especializado en políticas culturales y financiamiento de la cultura “Panorama Latinoamericano de Políticas Públicas para Incentivar el Mecenazgo Privado en el Sector Cultural”. Muestra las limitaciones y fortalezas del financiamiento cultural, estudiando las experiencias de países como: Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Francia y Estados Unidos.

Prácticas que pueden ser un referente de importancia para la República Dominicana al apostar a un instrumento que no es algo novedoso y que en su momento pudo ser un instrumento eficaz y atractivo para beneficiar a los artistas, gestores, entidades culturales públicas o privadas, así como a los benefactores de mecenazgo cultural, ahora es un desafío que necesitará revisarse.

Se apunta que la ley, rompe la informalidad y organiza las áreas de la cultura, pero el mandato constitucional prevé que el Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares al desarrollo del país; fomenta las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional.

Los gerentes culturales deben limitar instrumentos que patrocinen las burocracias que entorpecen y rompen el principio de simplicidad en los procesos administrativos, que limita oportunidades para el ejercicio de las capacidades creativas, y que responden a procesos rígidos, lentos y pocos flexibles, pudiendo llevar a situaciones de nepotismo o corrupción.

En conclusión, una ley no es la fórmula para resolver las problemáticas presentes en el sector de la cultura, nuestra administración pública necesita de la voluntad política, que todos los actores involucrados sean más asertivos, confiar en los instrumentos de selección para una gestión de servicio público, garantizar que quienes ingresan al servicio público tengan los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para desempeñar las tareas.

Se necesita trabajar un plan de estudio para identificar ¿cómo se encuentra el sector cultural hoy?, identificar problemas y establecer las soluciones, ¿cuáles son las necesidades reales o prioritarias?, detectar con evidencias esas demandas ¿Con qué capital humano contamos?, seleccionar y apoyarse en perfiles idóneos, formados, comprometidos y empoderados, preparar un plan de trabajo y realizar las evaluaciones de resultados a corto y mediano plazo.

Por otro lado, los actores involucrados responsables deben centrarse en un plan y diseño de trabajo, con respuestas oportunas y dispuestos a eliminar sus discursos ególatras, patrocinar más prácticas humanas que respondan y promuevan la trasparencia y la participación de todos.

El mundo del arte y la cultura, siempre se caracterizará por ser creativos, pero esta vez vamos a continuar creándola, construir nuestros sueños, no más dispersiones y distracciones, habrá que empoderarse y demandar trabajar la reforma, modernidad de la Ley 41-00 que crea la Secretaria de Estado de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, así como el Reglamento Orgánico y Funcional de la Secretaría para garantizar el fortalecimiento institución, sus estatus, autonomía y funcionalidad que demanda el sector a través de las áreas diseñadas como: Sistema Nacional de Cultura, Consejo Nacional de Cultura y los Consejo Provincial de Cultura.

Promover gobiernos abiertos que permitan validar la transparencia de las acciones desde la gestión de gobierno, la accesibilidad a los servicios y a la información y la capacidad de respuesta de los Gobiernos a nuevas ideas, demandas y necesidades. Un Gobierno es abierto cuando es transparente, rinde cuentas, opera con integridad, y de este modo -a través de instrumentos de política y prácticas que conducen a procesos de cambio e innovación- tiene mayor probabilidad de liderar hacia mejores servicios y políticas, mayor confianza, bienestar social y calidad de la democracia. (Datos para la efectividad de políticas públicas, 2020, BID).

La cultura no se resuelve en medios distractores, se necesita la voluntad de todos los sectores involucrados, para reorganizar la instancia de nivel superior encargada de coordinar el Sistema Nacional de Cultura de la República Dominicana, que renovemos el florecimiento de las artes, la cultura y creatividad.